La presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente al respaldar la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando. La mandataria aseguró que el caso no es menor y que las autoridades cuentan con un arsenal de evidencias en su contra.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que la indagatoria contra el político panista y otras siete personas —quienes ya se encuentran en prisión preventiva— tomó cerca de un año de trabajo coordinado entre Pemex, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Así operaba la red de contrabando
La titular del Ejecutivo Federal explicó de manera sencilla los dos mecanismos ilícitos que utilizaba la empresa ligada a Ruffo, denominada Ingemar, para realizar lo que se conoce como «huachicol fiscal»:
Subreporte de volumen: La empresa declaraba importar una cantidad de combustible mucho menor a la real (por ejemplo, reportar una pipa a la mitad cuando venía llena), lo cual requería la colusión de agentes aduanales.
Falsificación de producto: Declaraban que transportaban una sustancia distinta al combustible para evadir el pago del IEPS, cometiendo un millonario fraude al fisco.
El error que los delató: Ferrotanques abandonados
De acuerdo con la presidenta, la alerta roja se encendió cuando las aduanas y el Gabinete de Seguridad detectaron que la compañía abandonó varios ferrotanques en Coahuila al saberse investigados. Ese descuido detonó el hilo conductor de toda la indagatoria directa hacia Ingemar.
«Ahora el asunto es cuántas veces habían importado a través de estos mecanismos, dónde lo venden y cómo es que entra al mercado como combustible. A partir de esto viene una nueva reglamentación en la Secretaría de Energía para exigir toda la trazabilidad», advirtió Sheinbaum.
