El Instituto Nacional Electoral (INE) extendió el periodo de investigación de la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR). La querella abarca no solo la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, sino también el último tramo de Lorenzo Córdova. De acuerdo con el órgano electoral, esta medida responde a una política de «máxima apertura» institucional para sanear la imagen del árbitro electoral y descarta cualquier motivación o dedicatoria política.
La denuncia solicita a la FGR rastrear posibles irregularidades, favoritismos, conflictos de interés o conductas delictivas en la asignación de contratos, con especial énfasis en los recursos ejercidos para la elección presidencial de 2024, la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar.
Los consejeros electorales enfatizaron que la decisión busca la transparencia total y no obedece a narrativas ajenas al instituto:
Sin límites en la investigación: La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, detalló que el objetivo es «no quedarse cortos» ni delimitar periodos de forma arbitraria, dejando que la FGR actúe conforme a sus facultades legales y de prescripción.
Transparencia histórica: El consejero Arturo Chávez señaló que la institución «no debe tener nada que ocultar en ningún momento de su historia», por lo que el escrutinio debe aplicarse a cualquier periodo sujeto a competencia legal.
Carácter institucional, no político: El consejero Arturo Castillo rechazó que la medida guarde relación con posicionamientos de actores externos o dedicatorias personales hacia la administración saliente. Afirmó que la meta exclusiva es «recuperar la confianza ciudadana y limpiar a la institución sea como sea».
La querella presentada a nombre de las diez consejerías en funciones se dirige «contra quien resulte responsable». Además, el INE solicitó formalmente a la FGR que intervenga de manera directa para resguardar expedientes contractuales, comprobantes de pago, bitácoras y archivos físicos y electrónicos.
Ante el cuestionamiento sobre posible desconfianza hacia el personal interno, Castillo aclaró que se trata de una medida cautelar estándar para garantizar que la fiscalía asegure el acervo probatorio y prevenga la eventual pérdida, alteración o destrucción de la evidencia.
