El Instituto Nacional Electoral (INE) y las máximas autoridades de seguridad y justicia del país firmarán este viernes un convenio de colaboración para formalizar el proceso de filtros y verificación de aspirantes, con el objetivo de prevenir la incursión de «narcocandidatos» en los procesos electorales.
A la firma presencial en las instalaciones del INE acudirán la fiscal General de la República, Ernestina Godoy; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; Francisco Almazán Barocio, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Ángel Cabrera Mendoza, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares.
¿Cómo funcionará el filtro?
A través de un comunicado, el INE detalló que el convenio facilitará el intercambio institucional de información para desarrollar actividades de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable de aspirantes a candidaturas tanto partidistas como independientes.
El protocolo operará bajo los siguientes ejes:
Carácter voluntario: Los partidos políticos y aspirantes independientes podrán presentar de manera voluntaria los listados de quienes pretendan postular, siempre acompañados del consentimiento informado de cada persona.
El INE como enlace: El Instituto aclaró que no realizará labores de investigación ni tomará decisiones sobre las candidaturas. Su función se limitará a remitir las solicitudes a las instancias competentes de seguridad y fiscalización.
Evaluación autónoma: Cada dependencia de seguridad y justicia determinará, bajo su propia metodología y criterios, la existencia o inexistencia de un riesgo razonable en los perfiles evaluados.
Responsabilidad de los partidos
El organismo electoral enfatizó que, aunque este mecanismo busca blindar los comicios y garantizar la probidad pública, la postulación de candidaturas seguirá siendo una responsabilidad exclusiva de los partidos políticos.
Con este acuerdo, el INE busca consolidar un estándar estricto de responsabilidad democrática, salvaguardando al mismo tiempo la protección irrestricta de los derechos político-electorales de la ciudadanía.
