La existencia de un salón de belleza operando dentro del Senado de la República generó controversia nacional luego de que el periódico Reforma difundiera un video en el que se muestra el funcionamiento de este espacio dentro del recinto legislativo. La revelación abrió cuestionamientos por el contexto de la política de austeridad aplicada en el Congreso en los últimos años.
De acuerdo con lo exhibido en el material difundido, el salón operaba en días de sesión y ofrecía servicios de peinado y maquillaje dentro de las instalaciones del Senado. El caso cobró relevancia porque este tipo de servicios habían sido eliminados en 2018 como parte de las medidas de austeridad implementadas en el Poder Legislativo, por lo que su presunta reactivación generó cuestionamientos sobre quién autorizó su funcionamiento y bajo qué condiciones operaba.
Tras hacerse público el video, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la existencia del espacio dentro del recinto legislativo. No obstante, aseguró que no se trataba de un servicio financiado con recursos públicos y que las personas usuarias pagaban directamente los servicios. También señaló que no era un espacio exclusivo para legisladoras, sino que podía ser utilizado por senadores y personal del Senado.
En medio de la polémica, el espacio fue clausurado por personal de resguardo del Senado después de que el caso se hiciera público, lo que intensificó las preguntas sobre la autorización de su reapertura y los criterios de operación del servicio.
De manera paralela, el portal Libro Negro difundió en exclusiva facturas relacionadas con la compra de artículos de belleza presuntamente destinados a este salón, lo que aumentó la controversia pública y los cuestionamientos sobre el origen de los recursos y la autorización del espacio.
La senadora de Morena, Andrea Chávez, fue vinculada mediáticamente al tema tras la difusión del video. La legisladora rechazó haber habilitado o promovido el salón y sostuvo que la versión que la responsabiliza es falsa. Afirmó que no utiliza ese tipo de servicios dentro del Senado.
El caso reavivó la discusión sobre el uso de espacios dentro del recinto legislativo y la necesidad de transparentar la autorización y funcionamiento de servicios al interior del Senado, particularmente en el contexto de la política de austeridad vigente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente quién ordenó la reapertura del salón ni si hubo recursos públicos involucrados.
