La Comisión Permanente del Congreso de la Unión registró una cascada de 10 solicitudes de licencia por parte de legisladores que buscan separarse de sus cargos para competir en los procesos internos de sus partidos de cara a las elecciones de 2027. La lista es encabezada por la bancada de Morena y sus aliados.
Los legisladores que dejan su escaño
De las solicitudes presentadas, ocho corresponden al bloque oficialista y se dividen de la siguiente manera:
Senadores de Morena: Beatriz Mojica, Julieta Ramírez, Félix Salgado Macedonio, Lorenia Valles, Raúl Morón e Imelda Castro.
Senadores del PVEM: Jazmín Bugarín y Waldo Fernández.
Diputados de Morena: Graciela Domínguez y Raymundo Vázquez.
PAN advierte denuncias por actos anticipados
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, celebró que los legisladores dejen de cobrar su dieta si van a enfocarse en temas partidistas, pero advirtió que la oposición vigilará de cerca que no se repitan estrategias de simulación ni actos anticipados de campaña.
“Ellos son especialistas en la simulación; se inventaron el concepto este de las ‘corcholatas’ (…) donde supuestamente no eran candidatos pero tenían tapizado el país con espectaculares. Si eso se repite, lo vamos a denunciar”, sentenció Anaya.
Asimismo, el panista perfiló la estrategia de su partido para 2027, señalando que la prioridad será retener las gubernaturas de Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua, además de buscar ganar terreno en entidades como Baja California Sur.
Alianza MC-PVEM busca prohibir blindaje a programas sociales
En un movimiento paralelo, los senadores Luis Donaldo Colosio (Movimiento Ciudadano) y Luis Armando Melgar (Partido Verde) presentaron una iniciativa de reforma conjunta para prohibir estrictamente el uso de programas sociales con fines electorales, acusando vacíos legales en la normativa actual.
Melgar criticó directamente las prácticas atribuidas al partido mayoritario, exigiendo que «Morena deje de poner sus colores y logos a los programas sociales», mientras que Colosio Riojas urgió a sancionar penalmente el clientelismo para garantizar un piso parejo en la contienda que se avecina.
